CFK reestructurará deudas de provincias

La presidenta Cristina Kirchner firmará acuerdos con 13 gobernadores con los que renovará la reprogramación del pago de intereses de la deuda pública que esas provincias mantienen con el Estado nacional. Habrá una segunda etapa a la que adherirán al convenio otras cuatro provincias.

La actividad oficial fue confirmada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien señaló que con el acuerdo se trata de “continuar con las renovaciones de

carácter trimestral de reprogramación de flujo de interés de la deuda pública”, lo que calificó como un hecho “muy trascendente”.

"La presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a participar, en horas de la tarde, de la firma de acuerdos por la restructuración de deudas que involucran a 13 provincias, en una primera etapa; y, luego a las cuatro restantes en una segunda", precisó y destacó que "esto implica continuar con las renovaciones de carácter trimestral de la reprogramación del flujo de servicios e intereses de la deuda pública".

Para el funcionario, el convenio "es muy trascendente este hecho porque hemos tenido un incremento de, aproximadamente, 1021 por ciento de evolución de la recaudación tributaria a las provincias en el período 2003-2013, como lo dijimos en reiteradas oportunidades".

Además, el jefe de Gabinete recordó que "1078 por ciento es el incremento del Fondo Federal Solidario para la realización de obras de infraestructura. Una evolución muy positiva desde el punto de vista de la evolución de la deuda". Y mencionó que "ha habido una compensación en el año aproximada de 10 mil millones de pesos, que es la reducción de deuda neta y, por supuesto, este tiene un impacto de alivio en las financias provinciales".

Adeba, sin acuerdo con los buitres

El presidente del Banco Ciudad, Rogelio Frigerio, también prosecretario de la Asociación de Bancos Privados de Capital Nacional (Adeba), señaló que “nosotros no negociamos más, pero sé que hay otros bancos que seguían en Nueva York, que querían comprar la totalidad de los bonos”.

Frigerio, uno de los principales economistas del Pro, declaró a las radios Nacional Rock y La Red que “la pésima relación que tenemos con el juez complicó la situación, no acercó una solución”. “Se podría haber hecho un depósito en una cuenta a la espera de que se venza la cláusula Rufo; se podría haber involucrado más la responsabilidad del juez Griesa, que debería haberse hecho cargo de un fallo como el que determinó que podría acarrear las consecuencias nefastas de esa cláusula”, consideró.

Dijo que desde Adeba se intentó “encontrar una solución circunstancial, patear el tema hasta enero y que el Gobierno pudiera terminar con el tema de la deuda”. La idea, añadió, “era juntar 200 millones de dólares y que eso sirviera como zanahoria para que el fondo Elliot pidiera el stay (cautelar) y pudiera pasarse para enero del año que viene. No tuvimos éxito lamentablemente, no tengo claro por qué”, admitió.

Por último, sostuvo que está dispuesto a respaldar una eventual compra de la deuda a los buitres, porque “cualquier cosa que haga que este default sea corto hay que apoyarlo”.

“Ha habido una mala praxis del Poder Judicial de EEUU”

El jefe de Gabinete consideró que la Justicia estadounidense “es independiente de la racionalidad, no es independiente de los fondos buitre” y sostuvo que hubo “una marcada incompetencia” en el mediador designado por el juez Thomas Griesa. Reiteró que la Argentina no está en default y adelantó que se analizan presentaciones ante la Corte de La Haya y en la Asamblea de la ONU. Capitanich también dijo que “cualquier eventual acuerdo entre privados” no implica “la incumbencia del Estado”.

En su habitual conferencia de prensa matutina en Casa de Gobierno, Capitanich se refirió a la falta de acuerdo con los fondos buitre y señaló que “hemos notado una marcada incompetencia del special master”, en referencia al negociador designado por el juez Griesa, Daniel Pollack, por “desconocer cuestiones elementales de esta negociación”.

El jefe de Gabinete ratificó el reclamo de la Argentina de avanzar en una reapertura del canje o en la instalacón de un stay (medida cautelar), ya que “la cláusula Rufo podría disparar una multiplicidad de juicios contra la Argentina”, y además “la justicia de Estados Unidos no es confiable”.

También dejó en claro que “la Argentina pagó, y por lo tanto los tenedores tienen que exigir su pago, deben exigir al juez los fondos depositados por la Argentina”. Enfatizó que “aquellos que pretenten decir que Argentina está en default técnico es una patraña absoluta”.

Capitanich cuestionó “toda esta campaña mediática que pretende endilgar la responsabilidad al gobierno argentino”, y aseguró que “la estrategia del gobierno fue coherente”. Criticó que la sentencia del juez Griesa “ha sido convalidada por todas las instancias del Poder Judicial de Estados Unidos”, y agregó: “que no vengan con que es independiente, es independiente de la racionalidad, no es independiente de los fondos buitre”.

Por último, estimó que se abren múltiples instancias en el plano internacional, y remarcó la necesidad de un debate mundial, por ejemplo en las Naciones Unidas. “No puede la comunidad internacional avalar la acción de grupos minúsculos”, afirmó.

El BoNY se lava las manos

El Bank of New York Mellon envió un comunicado a los bonistas en el que explica que por “recomendación” del juez mantuvo congelado en sus cuentas el dinero depositado por la Argentina para pagar el último vencimiento de papeles de deuda. Afirmó que en el banco estarán “pendientes” de una nueva orden cuya “naturaleza y fecha todavía no es conocida”.

El BoNY, que recibió a fines de junio 539 millones de dólares en su cuenta en el Banco Central de la Argentina, tiene todavía ese dinero congelado. Hoy emitió un comunicado en el que explicó a los bonistas la situación, todavía bajo “recomendación” del juez pero no sobre una orden judicial.

“Hasta la fecha el tribunal no ha emitido una orden sobre la moción del administrador (en este caso BoNY). Según las órdenes previas del Tribunal, el administrador seguirá manteniendo los fondos en sus cuentas del Banco Central (de la Argentina)” explican en un comunicado. También añaden que estarán “pendientes” de esa nueva orden cuya “naturaleza y fecha todavía no es conocida”.

Por último, aunque ponen a disposición de los bonistas una dirección de correo electrónico de consulta, aseguran que los bonistas “no deberían tener al banco como única fuente de información” y que el BoNY “no hace recomendaciones y no da asesoría legal o de inversión” a los afectados.